MÁS ALLÁ DEL AULA: VIOLENCIA COMUNITARIA Y SALUD MENTAL DOCENTE EN ECUADOR

Beyond the Classroom: Community violence and teachers' mental health in Ecuador

Além da sala de aula: Violência comunitária e saúde mental docente no Equador

 


Antonio Ramón Gómez-García1id, Rotimi Peter Oye2id, Oswaldo Freddy Calle-Calle3id, Sandra Gioconda Peña-Patiño4id, Ángel Jesús Ferrin-Plaza1id

1 Facultad de Postgrados, Universidad Espíritu Santo. Samborondón-Ecuador. Correo: agomezg@uees.edu.ec, angelferrin@uees.edu.ec

2 Universidad Espíritu Santo. Samborondón-Ecuador. Correo: roye@uees.edu.ec

3 Unidad Educativa San Francisco Javier. Guayaquil-Ecuador. Correo: oswaldocalle1992@hotmail.com

4 Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca-Ecuador. Correo: sandrapenapatino@gmail.com

 

Fecha de recepción: 17 DE MARZO DE 2026.

Fecha de aceptación: 26 DE MARZO DE 2026.

 

RESUMEN

 

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad pública sin precedentes que ha transformado la violencia en un determinante estructural de la vida cotidiana. Aunque el sector educativo ha implementado medidas reactivas para garantizar la continuidad pedagógica, la carga psicológica acumulada en los educadores sigue sin abordarse de manera crítica. Esta nota editorial sostiene que la violencia comunitaria debe reformularse como un estresor ocupacional psicosocial crónico, con profundas implicaciones para la ansiedad, el agotamiento emocional y la estabilidad de la fuerza laboral. Proponemos una agenda de investigación y política bimodal para cerrar la brecha entre la inseguridad territorial y la salud ocupacional. Este marco integra la evaluación sistemática de la salud mental mediante instrumentos validados —como el DASS-21— con el mapeo geoespacial de la exposición a la violencia a nivel cantonal. Al normalizar los datos de criminalidad frente a las estadísticas del personal educativo, es posible identificar cohortes de alto riesgo y priorizar el apoyo institucional donde más se necesita. Reconocer la violencia comunitaria como un determinante fundamental de las condiciones laborales es esencial para sostener el sistema educativo en contextos de inestabilidad social crónica. Sin estrategias basadas en evidencia que vinculen territorio, inseguridad y carga psicosocial, las intervenciones seguirán descuidando el impacto sistémico de la violencia en quienes sostienen el funcionamiento de las escuelas del país.

 

Palabras claves: violencia comunitaria; docentes; salud mental; Ecuador.

 

ABSTRACT

Ecuador is facing an unprecedented public security crisis that has transformed violence into a structural determinant of everyday life. Although the education sector has implemented reactive measures to ensure pedagogical continuity, the accumulated psychological burden on educators remains insufficiently addressed. This editorial argues that community violence must be reframed as a chronic psychosocial occupational stressor, with profound implications for anxiety, emotional exhaustion, and workforce stability. We propose a bimodal research and policy agenda to bridge the gap between territorial insecurity and occupational health. This framework integrates the systematic assessment of mental health through validated instruments—such as the DASS-21—with geospatial mapping of exposure to violence at the cantonal level. By normalizing crime data against educational workforce statistics, it becomes possible to identify high-risk cohorts and prioritize institutional support where it is most needed. Recognizing community violence as a fundamental determinant of working conditions is essential to sustaining the education system in contexts of chronic social instability. Without evidence-based strategies that link territory, insecurity, and psychosocial burden, interventions will continue to overlook the systemic impact of violence on those who uphold the functioning of the nation’s schools.

Keywords: community violence; teachers; mental health; Ecuador.

 

RESUMO

O Equador enfrenta uma crise de segurança pública sem precedentes que transformou a violência em um determinante estrutural da vida cotidiana. Embora o setor educacional tenha implementado medidas reativas para garantir a continuidade pedagógica, a carga psicológica acumulada sobre os educadores continua sendo insuficientemente abordada. Esta nota editorial sustenta que a violência comunitária deve ser reformulada como um estressor ocupacional psicossocial crônico, com profundas implicações para a ansiedade, o esgotamento emocional e a estabilidade da força de trabalho. Propomos uma agenda bimodal de pesquisa e políticas públicas para reduzir a lacuna entre a insegurança territorial e a saúde ocupacional. Esse marco integra a avaliação sistemática da saúde mental por meio de instrumentos validados — como o DASS-21 — com o mapeamento geoespacial da exposição à violência em nível cantonal. Ao normalizar os dados de criminalidade em relação às estatísticas do pessoal educacional, torna-se possível identificar coortes de alto risco e priorizar o apoio institucional onde ele é mais necessário. Reconhecer a violência comunitária como um determinante fundamental das condições de trabalho é essencial para sustentar o sistema educacional em contextos de instabilidade social crônica. Sem estratégias baseadas em evidências que articulem território, insegurança e carga psicossocial, as intervenções continuarão a negligenciar o impacto sistêmico da violência sobre aqueles que sustentam o funcionamento das escolas do país.

Palavras-chave: violência comunitária; docentes; saúde mental; Equador.

 

EDITORIAL

Ecuador atraviesa una crisis prolongada de seguridad pública con repercusiones sistémicas que trascienden el ámbito de la justicia penal. El incremento de las tasas de homicidio, las disputas territoriales de la delincuencia organizada y la extorsión generalizada, exacerbados por la fragilidad institucional, han consolidado la violencia como un determinante estructural de la salud y la vida cotidiana. Este fenómeno erosiona no solo el tejido social de los hogares, sino también el funcionamiento de las instituciones públicas, con especial incidencia en el sector educativo [1], [2].

Hasta la fecha, la respuesta educativa ha sido predominantemente reactiva, priorizando la continuidad pedagógica mediante modalidades telemáticas de emergencia y protocolos de seguridad de carácter ad hoc. Aunque estas medidas mitigan la interrupción inmediata, resultan insuficientes para abordar la morbilidad psicológica y el estrés ocupacional de los educadores en entornos de alta conflictividad [3]. En consecuencia, el personal docente se ve obligado a desempeñar sus funciones en un clima de vulnerabilidad, gestionando cuadros de angustia emocional y estrés traumático secundario, a menudo en detrimento de su salud mental y estabilidad laboral.

Violencia comunitaria como exposición ocupacional

Este escenario exige un marco conceptual de mayor rigor científico. La exposición relevante no se circunscribe a la violencia escolar. Por el contrario, los educadores enfrentan una exposición indirecta a riesgos psicosociales derivados de la inseguridad en los barrios. Desde la perspectiva de la salud ocupacional, esto constituye un estresor psicosocial crónico con implicaciones directas en la aparición de cuadros de ansiedad, trastornos del ciclo sueño-vigilia, síndrome de burnout y una disminución de la eficacia educativa.

La evidencia disponible respalda esta preocupación, aunque todavía es fragmentaria. Las revisiones sistemáticas sobre el bienestar docente identifican consistentemente la depresión y el agotamiento emocional como desenlaces ocupacionales críticos [4]. Asimismo, la investigación sugiere que la exposición persistente a entornos precarios se correlaciona positivamente con el malestar psicológico y con una mayor intención de abandonar la profesión [5]. No obstante, en el contexto ecuatoriano, el nexo específico entre violencia comunitaria y salud mental del profesorado carece de una caracterización epidemiológica robusta, quedando la integridad psicológica de la fuerza laboral relegada frente a la infraestructura o los protocolos de emergencia.

De la preocupación a la evidencia medible

Pasar de la preocupación a la evidencia exige una agenda de investigación estructurada. Proponemos una doble estrategia: por un lado, evaluar la salud mental del profesorado mediante instrumentos psicométricos validados; por otro, identificar geoespacialmente los territorios donde la exposición a la violencia comunitaria es mayor. La fortaleza de este enfoque radica en vincular los resultados psicosociales con la distribución territorial del riesgo, generando una base empírica sólida tanto para la investigación focalizada como para la formulación de políticas públicas.

La evaluación psicológica debería apoyarse en escalas confiables para cuantificar estrés, ansiedad y sintomatología depresiva. La DASS-21 (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés) constituye una herramienta viable por su sólida trayectoria psicométrica en poblaciones docentes [6]. Sin embargo, aunque existen instrumentos complementarios orientados al clima escolar, estos se concentran sobre todo en dinámicas intraescolares y no en estresores de nivel comunitario [7]. Por ello, toda estrategia de evaluación en Ecuador debe incorporar indicadores específicos, como por ejemplo el miedo o temor durante el desplazamiento, inseguridad percibida en las inmediaciones de la escuela y carga emocional del trabajo docente en territorios de alta violencia.

Cuando no existan instrumentos plenamente adaptados, la investigación cualitativa resulta indispensable para asegurar la validez conceptual antes de una implementación psicométrica a gran escala. Las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales pueden ayudar a comprender cómo los docentes conceptualizan el riesgo, el trabajo emocional y los mecanismos de afrontamiento en contextos dominados por el crimen organizado. Un diseño exploratorio secuencial aporta solidez metodológica, ya que facilita la adaptación contextual de los ítems de encuesta y evita reducir un fenómeno sociopolítico complejo a una expresión inespecífica de malestar psicológico [8].

Estrategia territorial para identificar a docentes en riesgo

El segundo componente del marco consiste en estimar la exposición cantonal mediante la integración de datos de seguridad pública y de la fuerza laboral educativa. Este procedimiento puede organizarse en cuatro pasos. En primer lugar, los investigadores deben recopilar datos fiables sobre incidentes graves de violencia a partir de fuentes robustas, como la plataforma PADF-OECO. En segundo lugar, deben utilizarse los registros oficiales del Ministerio de Educación para cartografiar la distribución geográfica del profesorado por institución. En tercer lugar, debe calcularse una tasa de exposición normalizando el número de incidentes violentos por cantón frente a la población docente, expresada por cada 1.000 docentes. Finalmente, los cantones deben clasificarse en estratos ordenados de exposición para priorizar aquellos territorios que requieran intervención institucional inmediata [9], [10].

Este indicador territorial ofrece varias ventajas estratégicas. Convierte datos fragmentados de seguridad pública en una métrica específica para el sector educativo, facilita la visualización geoespacial del riesgo y orienta una asignación más racional de recursos. Además, establece una línea de base para comparar resultados de salud mental entre distintos niveles de exposición a la violencia. En ese sentido, el marco propuesto no es solo descriptivo; es también operativo, escalable y compatible con los sistemas de vigilancia en salud ocupacional y con la planificación educativa nacional.

Implicaciones para la política pública, la investigación y la salud ocupacional

Reconocer la violencia comunitaria como un riesgo laboral conlleva implicaciones directas En primer lugar, desplaza el enfoque de la protección reactiva hacia programas de vigilancia de la salud mental sostenidos. En segundo lugar, fomenta la coordinación intersectorial entre los ministerios de Educación, Salud y Trabajo. Finalmente, permite verificar empíricamente si los gradientes de violencia comunitaria se traducen en mayores tasas de absentismo, rotación o morbilidad psicosocial.

En conclusión, la violencia comunitaria debe ser reconocida como un determinante fundamental de las condiciones de trabajo. Proteger la salud mental de los profesores en territorios volátiles es un requisito sine qua non para la sostenibilidad del sistema educativo. Ecuador precisa de una base de evidencia científica capaz de cerrar la brecha entre la inseguridad territorial y la carga psicosocial acumulativa, garantizando que las intervenciones no solo aborden lo visible, sino también el impacto en la salud mental de quienes sostienen la educación del país.

 

REFERENCIAS

[1] J. Mantilla, C. Andrade, and M. F. Vallejo, “Why cities fail: The urban security crisis in Ecuador,” Journal of Strategic Security, vol. 16, no. 3, pp. 141–153, 2023, doi: 10.5038/1944-0472.16.3.21476.

[2] W. Freeman, “Can Ecuador avoid becoming a narco state?,” Current History, vol. 123, no. 850, pp. 56–62, 2024, doi: 10.1525/curh.2024.123.850.56.

[3] Ministerio de Educación, “Protocols and action plans for situations of violence detected or committed in the educational system,” 2022. [Online]. Available: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/03/Protocolos-situaciones-de-violencia.pdf

[4] B. Agyapong, G. Obuobi-Donkor, L. Burback, and Y. Wei, “Stress, burnout, anxiety and depression among teachers: A scoping review,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, no. 17, Art. no. 10706, 2022, doi: 10.3390/ijerph191710706.

[5] S. D. McMahon et al., “Teacher directed violence and anxiety and stress: Predicting intentions to transfer and quit,” School Psychology, vol. 39, no. 5, pp. 530–544, 2024, doi: 10.1037/spq0000595.

[6] C. H. Cao, X. L. Liao, X. Y. Jiang, X. D. Li, I. H. Chen, and C. Y. Lin, “Psychometric evaluation of the Depression, Anxiety, and Stress Scale 21 (DASS 21) among Chinese primary and middle school teachers,” BMC Psychology, vol. 11, no. 1, Art. no. 209, 2023, doi: 10.1186/s40359-023-01242-y.

[7] F. Muñoz-Troncoso et al., “Validation of the questionnaire to measure Chilean teachers' perception of school violence and coexistence management (VI+GEC),” Frontiers in Psychology, vol. 15, Art. no. 1352399, 2024, doi: 10.3389/fpsyg.2024.1352399.

[8] J. M. Cavallari et al., “Educator perspectives on stressors and health: A qualitative study of U.S. K–12 educators in February 2022,” BMC Public Health, vol. 24, no. 1, Art. no. 2733, 2024, doi: 10.1186/s12889-024-20167-8.

[9] Ministerio de Educación, “Educational institutions, students and teachers,” 2023. [Online]. Available: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/descomposicion-de-la-matricula-mineduc/resource/765b67d7-d555-4175-95ff-0e0419a1e7ba

[10] Pan American Development Foundation and Ecuadorian Observatory of Organized Crime, “Data visualizer,” 2023. [Online]. Available: https://oeco.padf.org/visualizador-de-datos-denuncias-de-delitos-graves/

 

NOTA BIOGRÁFICA

Antonio Ramón Gómez-García. ORCID iD id https://orcid.org/0000-0003-1015-1753

Rotimi Peter Oye. ORCID iD id https://orcid.org/0000-0002-6860-5423

Oswaldo Freddy Calle Calle. ORCID iD id https://orcid.org/0000-0003-4384-0555

Sandra Gioconda Peña Patiño. ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7467-2182

Ángel Jesús Ferrin Plaza. ORCID iD id https://orcid.org/0009-0002-2602-7634

 

CC By 4.0

 

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